El 1 de agosto se publicó en el BOE el Decreto que regula la remuneración a los autores por los préstamos de obras en bibliotecas y otros establecimientos como museos, archivos, hemerotecas, filmotecas, etc. La Ley de Propiedad Intelectual de 2007 (LPI) ya establecía que el préstamo debía ser compensado a sus autores a través de las entidades de gestión (SGAE y otras) por lo que no es algo nuevo. Hasta ahora, los propietarios de los derechos debían recibir 2 céntimos por cada ejemplar disponible. El nuevo canon aumenta considerablemente esta cantidad. Se establecen dos tipos de pago: por una parte, se abonarán 4 céntimos por cada obra objeto de préstamo y sujeta a derechos de autor. Igualmente, los centros pagarán 5 céntimos por cada usuario inscrito que haya hecho uso efectivo del servicio de préstamo durante un año. Este último cálculo incluye a todas las personas que hayan sacado ejemplares, aunque se trate de obras sin derechos. La norma establece algunas excepciones: los establecimientos públicos situados en municipios de menos de 5.000 habitantes, las instituciones docentes integradas en el sistema educativo, los préstamos a discapacitados y la simple consulta de los ejemplares no generarán pago de derechos.

La verdad es que este tema plantea una seria disyuntiva: por una parte, parece justo que los autores sean compensados por el beneficio que obtenemos de sus obras. Por otra, el acceso libre y gratuito a la cultura, la educación, la formación… es un derecho inalienable de todos los ciudadanos. Sería lógico que los usuarios siguiéramos sin pagar el coste que esto va a suponer, aunque tal y como están la cosas, nunca se sabe (también parecía imposible lo del euro por receta). Ya podemos imaginar una tasa anual por el uso de la biblio… En caso contrario, son principalmente los ayuntamientos (y otras instituciones de ese nivel) los que verán mermado, esperemos que ligeramente, su presupuesto para estos menesteres a partir de ahora. Quizás esto suponga, en algunos casos, menos adquisiciones o el cierre de algunos servicios o actividades (como los cuentacuentos).

En cualquier caso, habrá que ir viendo qué políticas se adoptan con respecto a este tema: si asumen los sobrecostes, recortan presupuestos o lo repercuten en los sufridos ciudadanos. Suponemos que también influirá el número de habitantes (no es lo mismo 6.000 que 60.000)  y otra serie de factores. Ya que todo esto va a suponer algún tipo de sacrificio, esperamos que sea para bien. Sin embargo, habrá que estar atentos, el Decreto también establece que las entidades de gestión de derechos deberán repartir a cada autor lo que le corresponda, bajo un criterio “objetivo, proporcional y de público conocimiento”. Esperemos que no pase como en otros casos bien conocidos por todos.

Nosotros de momento no nos posicionamos ¿Te posicionas tú?

Aquí tenéis el texto completo del Decreto.